Jueves 20 de abril: Fallido intento de desalojo de los trabajadores mineros de SICARTSA por parte de fuerzas policiales de Michoacán y de la Policía Federal Preventiva (PFP). A resultas de ello hay 2 muertos del lado de los trabajadores y 78 heridos de ambos bandos. Son entrevistados al respecto el Secretario de Gobierno y el Procurador General de Justicia del Estado, por medios de comunicación estatales y nacionales. Solicitud del gobernador del estado de que intervenga la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Viernes 21: renuncia del Secretario de Seguridad Pública y del director de la Policía Ministerial.
Lunes 24 y martes 25: el gobernador Lázaro Cárdenas Batel es entrevistado y fuertemente cuestionado en programas de radio y TV a nivel nacional.
ANTECEDENTES:
El 15 de febrero de este año, como resultado de las elecciones del Congreso del Trabajo (CT), surgen dos mesas directivas: la de Víctor Flores, quien se reelige (antiestatutariamente), y la de Isaías González (líder de la CROC) como presidente del CT y Napoleón Gómez Urrutia como vicepresidente. Hay amenazas de enfrentamiento entre ambos grupos.
El 17 de febrero la STPS reconoce a Víctor Flores como presidente del CT.
El 19 de febrero ocurre el accidente en la mina de Pasta de Conchos, con 65 mineros muertos. El presidente Fox envía al Secretario del Trabajo a Coahuila como responsable de las labores de rescate, mismo que entra en conflicto con los familiares de los desaparecidos.
El 1° de marzo el gobierno federal reconoce a Elías Morales como dirigente del sindicato minero y desaparece de la escena Napoleón Gómez Urrutia, investigado por la PGR y la SHCP.
El 2 de abril los trabajadores de la sección 271 del sindicato minero en Lázaro Cárdenas inician una huelga en demanda de la restitución de Napoleón como líder del sindicato.
El 9 de abril Grupo Villacero (dueño de SICARTSA) despide a 300 paristas. Lo mismo ocurre en Mittal Steel. Solidaridad declarativa de otras centrales de trabajadores con los mineros: en especial los telefonistas, el sindicato del IMSS y otros.
11 de abril: Mittal y AHMSA reconocen a Napoleón y vuelven a laborar. Villacero se niega a negociar con los paristas y exige el desalojo de la planta.
El 17 de abril el presidente Fox viaja a Uruapan y ahí se entrevista con Julio Villarreal. A los mineros que tratan de entrevistarse con él les dice “levanten el paro y hablamos”.
El 20 de abril se intenta el desalojo.
MI PERSPECTIVA:
El Gobierno del Estado asumió una responsabilidad que no le correspondía al involucrarse en un conflicto de orden federal. Y no sólo eso sino que, de acuerdo con las evidencias que se han hecho públicas hasta ahora, las fuerzas policiales de Michoacán fueron las presuntas responsables de la muerte de los dos mineros, en un operativo a todas luces mal planeado y peor ejecutado, en el que únicamente debieron haber estado como apoyo de la PFP. Con este hecho se dio un golpe de timón a la política de diálogo y concertación que había caracterizado a la actual administración estatal y que a pesar de las críticas de un sector de la población, había mostrado sus beneficios en términos de mantenimiento de la paz social.
A toro pasado resulta obvio que para este operativo faltó trabajo de inteligencia (en la acepción de contar con la información, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra los intereses y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones), planeación, asignación clara de responsabilidades y alcances de las mismas, disciplina de las fuerzas policíacas, planes alternativos de acción, planes de difusión, etc. No se previeron la magnitud que podía alcanzar el conflicto, ni los costos políticos, sociales y económicos, ni las repercusiones mediáticas del mismo, por lo que tomó por sorpresa a los funcionarios estatales encargados de responder a los cuestionamientos de los medios de difusión.
El gobierno federal sustituyó como jefe de las negociaciones en este conflicto al Secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar, (quien conserva su puesto pese a las demandas de destitución que lo han acompañado desde su actuación en Pasta de Conchos) y nombró como responsable de las mismas al Secretario de Gobernación, Carlos Abascal. El vocero presidencial insiste en que la responsabilidad de la violencia es del sindicato minero, en especial de su líder, Napoleón Gómez Urrutia.
Paradójicamente quien salió mejor librado de esta situación fue el edil de Lázaro Cárdenas, Gustavo Torres Camacho, al negarse a apoyar a las fuerzas policiales estatales y federales.
La reaparición de Joaquín López Dóriga al frente del noticiero insignia de Televisa el lunes 24 de abril coincidió con un reforzamiento de los cuestionamientos al gobernador Lázaro Cárdenas Batel y con achacarle la principal responsabilidad de lo ocurrido el jueves 20. No debe olvidarse que, de acuerdo con un reportaje de Jenaro Villamil en la revista Proceso, el actual secretario de Seguridad Pública Federal y ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Eduardo Medina Mora, es socio de Bernardo Gómez en la empresa CreaTV. Gómez lo presumió [en la célebre reunión de diciembre en Valle de Bravo de la plana mayor del consorcio con los candidatos presidenciales] como uno de los futuros vicepresidentes de Televisa.
Por otra parte, las renuncias de Gabriel Mendoza y Jaime Liera (y su aceptación inmediata por el gobernador LCB) parecen hoy apresuradas. Si en un primer momento se consideró que ayudarían a que las investigaciones se realizaran de manera más transparente y expedita, la percepción pública apunta cada vez con mayor fuerza a que, en todo caso, quien también debió haber renunciado es el Procurador Magaña de la Mora, pues fueron sus hombres quienes presumiblemente dispararon sobre los mineros. Existe, además, la versión de que los policías estatales dispararon con balas de goma y de sal sobre los manifestantes.