lunes, junio 26, 2006

MICHOACÁN ANTE LAS ELECCIONES

La disputa por el liderazgo en las encuestas entre AMLO y Felipe Calderón; el repunte de R. Madrazo; la guerra de spots en todo su esplendor; las dudas sobre la integridad del sistema informático del IFE; el llamado a huelga nacional el 28 de junio por grandes sindicatos; el conflicto de los maestros en Oaxaca; el nombramiento a Cuauhtémoc Cárdenas como coordinador de los festejos patrios de 2010; los desplegados en demanda de una solución en el puerto de Lázaro Cárdenas; son algunos de los hechos que configuran un complicado escenario preelectoral.

A nivel nacional crece la incertidumbre sobre el amanecer del país el 3 de julio; connotados analistas señalan que, frente a lo apretado que se prevé el resultado final de la elección presidencial, son de esperarse protestas postelectorales sobre todo ante un eventual triunfo del candidato del PAN. Por otra parte, el inesperado repunte del candidato del PRI en las encuestas más recientes viene a agregar un elemento adicional de incertidumbre; hasta hace unas cuantas semanas, el candidato del PRI, ante la seguridad de que iba a obtener el tercer lugar, buscaba convertirse (y sacar ventaja política de ese hecho) en el fiel de la balanza, el árbitro extraoficial que levantaría el brazo del vencedor. Hoy, Madrazo busca un repunte de última hora que le permita competir por el triunfo mediante la intensificación de spots en radio y TV.

El caso del cuñado incómodo de Felipe ha traído como consecuencia adicional el surgimiento de dudas acerca de la integridad de las bases de datos del IFE, lo que ha arreciado las críticas a la capacidad que está mostrando el actual Consejo de ese Instituto para convertirse en el árbitro imparcial, enérgico y respetado por todos los actores políticos que se requiere el próximo 2 de julio.

Otro elemento que viene a complicar el panorama político nacional es el aferramiento del gobierno federal (Presidencia y STPS) en negar el reconocimiento a Napoleón Gómez Urrutia como líder del sindicato minero, lo que ha generado que grandes sindicatos y centrales obreras independientes sigan adelante con su llamamiento a una huelga nacional para el miércoles 28 de junio. Al mismo tiempo, la agudización del conflicto magisterial en Oaxaca, cuyas demandas han pasado de ser laborales (rezonificación) a políticas (renuncia del Gobernador), mantiene abierto otro frente de posible violencia, sobre todo ante el anuncio de la CNC de ir a desalojar a los maestros.

Las posibles repercusiones que todo lo anterior pueden tener en Michoacán son las siguientes: en un estado considerado un bastión perredista se prevé el triunfo de los candidatos del partido del sol azteca al menos en 6 distritos; sin embargo es previsible que haya conflictos para instalar casillas en algunas zonas de la Meseta Purépecha ante el radicalismo de grupos cercanos al magisterio disidente y al zapatismo del Comandante Zero. Por otra parte, no se considera viable que en estos días el Congreso local determine aprobar la reforma para hacer concurrentes las elecciones estatales con las federales, pues no parece haber el suficiente sustento jurídico ni el acuerdo entre las fuerzas partidistas sobre cómo manejar la cuestión de un interinato.

Y frente a todo ello aparece la cuestión del nombramiento al Ing. Cárdenas y la aceptación del mismo. Ante las interpretaciones de que se trata de una jugada de Fox para ahondar en la división de CCS y AMLO, aparece la versión del propio Cárdenas de que antes de aceptar lo consultó con los cinco candidatos, de los cuales recibió todo el apoyo.

jueves, junio 22, 2006

MICHOACÁN COYUNTURA MAYO 5

Martes 2 de mayo. La prensa nacional da una gran difusión a la jornada obrera del 1° de mayo en México y a las movilizaciones y boicot de los migrantes en los Estados Unidos. En Milenio Diario aparece la encuesta de Demotecnia (María de las Heras) que da tres puntos de ventaja a Felipe Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador.

Miércoles 3 de mayo. Reforma da a conocer su encuesta post debate, en la que la ventaja de Calderón sobre AMLO se amplía por la no participación de éste en el debate. San Salvador Atenco, otra vez. Un grupo de comerciantes ambulantes trató de instalarse en un mercado público en Texcoco para vender flores. La policía de la localidad trató de desalojarlos, e intervino en apoyo de los floristas el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, los famosos macheteros que en 2002 impidieron la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la ZMCM. Estos rechazaron a la policía y bloquearon la carretera Texcoco-Lechería. Ello derivó en cruentos enfrentamientos entre policías estatales y federales y vecinos de San Salvador Atenco que fueron transmitidos en vivo por las principales cadenas de TV. Un adolescente de 14 años perdió la vida, de acuerdo con los reportes oficiales, al estallarle en el pecho uno de los cohetones utilizados por los macheteros para agredir a los policías. Por la noche, Consulta Mitofsky difunde en Televisa los resultados de su encuesta mensual: FC 35%, AMLO 34% y RM 27%.

Jueves 4 de mayo. Poco antes de las 7 de la mañana la TV y la radio empiezan a cubrir en directo la entrada de las fuerzas policiales a San Salvador Atenco con el fin de rescatar a entre 11 y 15 policías de diversas corporaciones que habían sido secuestrados durante los hechos de ayer. Es notoria la reducida resistencia de los campesinos y habitantes de esa comunidad en comparación con los sucesos de ayer. En menos de dos horas la población se encuentra bajo el control policíaco y se anuncia la detención, entre miércoles y jueves, de más de 200 personas (entre ellos el líder Ignacio del Valle) que serán acusadas de diversos delitos del fuero común y del fuero federal. En la ciudad de México, grupos estudiantiles y seudo estudiantiles, tradicionalmente bases de apoyo del EZLN y de las protestas globalifóbicas, efectúan bloqueos en varias avenidas importantes como medida de presión para que el GDF sirva como interlocutor ante las autoridades federales y del Estado de México para la liberación de los detenidos y la salida de las fuerzas policíacas de Atenco.

Los acontecimientos de las dos últimas semanas muestran un cambio notorio en la conducción de la política interior del gobierno de Vicente Fox. Durante más de 5 años no se recurrió al uso de la fuerza pública para solucionar conflictos sociales pero desde el 20 de abril en el Puerto de Lázaro Cárdenas se cambiaron las negociaciones políticas por el uso de los garrotes. Lo extraño de este cambio es que ocurre en el año de salida de la actual administración federal y en plena efervescencia electoral.

Los sucesos de San Salvador Atenco confirman que lo ocurrido en el puerto de Lázaro Cárdenas no fue un hecho aislado sino que ambas medidas están enmarcadas por un tardío esfuerzo de demostrar que el régimen foxista tiene la fuerza y la decisión para usarla. El problema estriba en que no se alcanza a percibir cuál es la finalidad, a estas alturas del partido, de decidirse a bajar el panal a escobazos. En los regímenes priístas previos al de CSG, se acostumbraba, en los meses previos al cambio de estafeta, que el presidente saliente anunciara la devaluación del peso frente al dólar a efecto de que el presidente entrante pudiera manejar las finanzas sin el trauma de una devaluación en los primeros meses de su administración. No queda claro si estas acciones de Fox y la PFP buscan allanarle el camino a Felipe Calderón, desactivando focos de resistencia social que pudieran complicar el arranque de su administración (lo que implicaría que desde la Presidencia se ha comprado la versión mediática de las últimas encuestas) o bien (en ese mismo escenario) es un ensayo de las acciones que tendría que llevar a cabo la PFP ante un escenario de un posible conflicto poselectoral.

Otra posibilidad sería que la de ayer sea simplemente una muestra más de la inoperancia de las autoridades federales y de la falta de profesionalismo de las fuerzas policíacas de nuestro país. Aquí también se da el caso, como en Michoacán, de que tanto el gobierno local como el estatal, representan a partidos distintos al del federal. Si se tratara de esta posibilidad (la de una pifia más) resultaría especialmente preocupante ante unas elecciones federales que se prevén especialmente reñidas y darían cuenta de que en Los Pinos están más atentos a los éxitos judiciales de la Señora Marta Sahagún y al fortalecimiento de su candidato, que a la posibilidad de incendiar a varias regiones del país recurriendo al uso de la fuerza.

También resulta claro que la violencia en Atenco - Texcoco fue una nueva expresión del México bronco, en el que ciertos sectores de la sociedad han dejado de considerar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno como interlocutores válidos, y no rigen sus acciones por el marco del derecho sino por sus propios intereses sean estos laborales, comerciales, ideológicos, políticos o incluso religiosos. Este hartazgo social no ha encontrado cauces de expresión en un país que no termina de consolidar la transición a la democracia y en el que conviven instituciones y formas políticas del autoritarismo, con instituciones, formas y medios de la globalización, en un marco jurídico que no da para mucho más.

Por otro lado hay que resaltar el abordaje que los medios de comunicación dieron a los acontecimientos del día de ayer. La cercanía de Atenco y Texcoco con la ciudad de México posibilitó que se cubriera en vivo y en directo la zacapela. Las escenas en que los macheteros golpeaban inmisericordemente a dos policías caídos sensibilizaron a la opinión pública, que en muchos medios de comunicación exigían hasta la entrada del Ejército. Esas escenas y las de mujeres amenazando con machetes a reporteros y fotógrafos de varios medios incluso hicieron palidecer a las protestas de otros periodistas por las agresiones que sufrieron por parte de los cuerpos policíacos que tomaron por asalto una casa (¿habría orden de cateo?) en Texcoco para capturar a quienes se habían parapetado en ella. Notable fue el tono que utilizó Joaquín López Dóriga en su entrevista al gobernador Enrique Peña Nieto. No hubo la agresividad mostrada con LCB ni preguntas del tipo: ¿tiene usted las manos manchadas de sangre? o ¿sigue usted siendo gobernador?

MICHOACÁN: PAISAJE DESPUÉS DE LA BATALLA

Jueves 20 de abril: Fallido intento de desalojo de los trabajadores mineros de SICARTSA por parte de fuerzas policiales de Michoacán y de la Policía Federal Preventiva (PFP). A resultas de ello hay 2 muertos del lado de los trabajadores y 78 heridos de ambos bandos. Son entrevistados al respecto el Secretario de Gobierno y el Procurador General de Justicia del Estado, por medios de comunicación estatales y nacionales. Solicitud del gobernador del estado de que intervenga la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Viernes 21: renuncia del Secretario de Seguridad Pública y del director de la Policía Ministerial.

Lunes 24 y martes 25: el gobernador Lázaro Cárdenas Batel es entrevistado y fuertemente cuestionado en programas de radio y TV a nivel nacional.

ANTECEDENTES:

El 15 de febrero de este año, como resultado de las elecciones del Congreso del Trabajo (CT), surgen dos mesas directivas: la de Víctor Flores, quien se reelige (antiestatutariamente), y la de Isaías González (líder de la CROC) como presidente del CT y Napoleón Gómez Urrutia como vicepresidente. Hay amenazas de enfrentamiento entre ambos grupos.

El 17 de febrero la STPS reconoce a Víctor Flores como presidente del CT.

El 19 de febrero ocurre el accidente en la mina de Pasta de Conchos, con 65 mineros muertos. El presidente Fox envía al Secretario del Trabajo a Coahuila como responsable de las labores de rescate, mismo que entra en conflicto con los familiares de los desaparecidos.

El 1° de marzo el gobierno federal reconoce a Elías Morales como dirigente del sindicato minero y desaparece de la escena Napoleón Gómez Urrutia, investigado por la PGR y la SHCP.

El 2 de abril los trabajadores de la sección 271 del sindicato minero en Lázaro Cárdenas inician una huelga en demanda de la restitución de Napoleón como líder del sindicato.

El 9 de abril Grupo Villacero (dueño de SICARTSA) despide a 300 paristas. Lo mismo ocurre en Mittal Steel. Solidaridad declarativa de otras centrales de trabajadores con los mineros: en especial los telefonistas, el sindicato del IMSS y otros.

11 de abril: Mittal y AHMSA reconocen a Napoleón y vuelven a laborar. Villacero se niega a negociar con los paristas y exige el desalojo de la planta.

El 17 de abril el presidente Fox viaja a Uruapan y ahí se entrevista con Julio Villarreal. A los mineros que tratan de entrevistarse con él les dice “levanten el paro y hablamos”.

El 20 de abril se intenta el desalojo.

MI PERSPECTIVA:

El Gobierno del Estado asumió una responsabilidad que no le correspondía al involucrarse en un conflicto de orden federal. Y no sólo eso sino que, de acuerdo con las evidencias que se han hecho públicas hasta ahora, las fuerzas policiales de Michoacán fueron las presuntas responsables de la muerte de los dos mineros, en un operativo a todas luces mal planeado y peor ejecutado, en el que únicamente debieron haber estado como apoyo de la PFP. Con este hecho se dio un golpe de timón a la política de diálogo y concertación que había caracterizado a la actual administración estatal y que a pesar de las críticas de un sector de la población, había mostrado sus beneficios en términos de mantenimiento de la paz social.

A toro pasado resulta obvio que para este operativo faltó trabajo de inteligencia (en la acepción de contar con la información, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra los intereses y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones), planeación, asignación clara de responsabilidades y alcances de las mismas, disciplina de las fuerzas policíacas, planes alternativos de acción, planes de difusión, etc. No se previeron la magnitud que podía alcanzar el conflicto, ni los costos políticos, sociales y económicos, ni las repercusiones mediáticas del mismo, por lo que tomó por sorpresa a los funcionarios estatales encargados de responder a los cuestionamientos de los medios de difusión.

El gobierno federal sustituyó como jefe de las negociaciones en este conflicto al Secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar, (quien conserva su puesto pese a las demandas de destitución que lo han acompañado desde su actuación en Pasta de Conchos) y nombró como responsable de las mismas al Secretario de Gobernación, Carlos Abascal. El vocero presidencial insiste en que la responsabilidad de la violencia es del sindicato minero, en especial de su líder, Napoleón Gómez Urrutia.

Paradójicamente quien salió mejor librado de esta situación fue el edil de Lázaro Cárdenas, Gustavo Torres Camacho, al negarse a apoyar a las fuerzas policiales estatales y federales.

La reaparición de Joaquín López Dóriga al frente del noticiero insignia de Televisa el lunes 24 de abril coincidió con un reforzamiento de los cuestionamientos al gobernador Lázaro Cárdenas Batel y con achacarle la principal responsabilidad de lo ocurrido el jueves 20. No debe olvidarse que, de acuerdo con un reportaje de Jenaro Villamil en la revista Proceso, el actual secretario de Seguridad Pública Federal y ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Eduardo Medina Mora, es socio de Bernardo Gómez en la empresa CreaTV. Gómez lo presumió [en la célebre reunión de diciembre en Valle de Bravo de la plana mayor del consorcio con los candidatos presidenciales] como uno de los futuros vicepresidentes de Televisa.[1]

Por otra parte, las renuncias de Gabriel Mendoza y Jaime Liera (y su aceptación inmediata por el gobernador LCB) parecen hoy apresuradas. Si en un primer momento se consideró que ayudarían a que las investigaciones se realizaran de manera más transparente y expedita, la percepción pública apunta cada vez con mayor fuerza a que, en todo caso, quien también debió haber renunciado es el Procurador Magaña de la Mora, pues fueron sus hombres quienes presumiblemente dispararon sobre los mineros. Existe, además, la versión de que los policías estatales dispararon con balas de goma y de sal sobre los manifestantes.



[1] Proceso, 26 de marzo de 2006