MICHOACÁN: PAISAJE DESPUÉS DE LA BATALLA
Jueves 20 de abril: Fallido intento de desalojo de los trabajadores mineros de SICARTSA por parte de fuerzas policiales de Michoacán y de la Policía Federal Preventiva (PFP). A resultas de ello hay 2 muertos del lado de los trabajadores y 78 heridos de ambos bandos. Son entrevistados al respecto el Secretario de Gobierno y el Procurador General de Justicia del Estado, por medios de comunicación estatales y nacionales. Solicitud del gobernador del estado de que intervenga la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Viernes 21: renuncia del Secretario de Seguridad Pública y del director de la Policía Ministerial.
Lunes 24 y martes 25: el gobernador Lázaro Cárdenas Batel es entrevistado y fuertemente cuestionado en programas de radio y TV a nivel nacional.
ANTECEDENTES:
El 15 de febrero de este año, como resultado de las elecciones del Congreso del Trabajo (CT), surgen dos mesas directivas: la de Víctor Flores, quien se reelige (antiestatutariamente), y la de Isaías González (líder de la CROC) como presidente del CT y Napoleón Gómez Urrutia como vicepresidente. Hay amenazas de enfrentamiento entre ambos grupos.
El 17 de febrero la STPS reconoce a Víctor Flores como presidente del CT.
El 19 de febrero ocurre el accidente en la mina de Pasta de Conchos, con 65 mineros muertos. El presidente Fox envía al Secretario del Trabajo a Coahuila como responsable de las labores de rescate, mismo que entra en conflicto con los familiares de los desaparecidos.
El 1° de marzo el gobierno federal reconoce a Elías Morales como dirigente del sindicato minero y desaparece de la escena Napoleón Gómez Urrutia, investigado por la PGR y la SHCP.
El 2 de abril los trabajadores de la sección 271 del sindicato minero en Lázaro Cárdenas inician una huelga en demanda de la restitución de Napoleón como líder del sindicato.
El 9 de abril Grupo Villacero (dueño de SICARTSA) despide a 300 paristas. Lo mismo ocurre en Mittal Steel. Solidaridad declarativa de otras centrales de trabajadores con los mineros: en especial los telefonistas, el sindicato del IMSS y otros.
11 de abril: Mittal y AHMSA reconocen a Napoleón y vuelven a laborar. Villacero se niega a negociar con los paristas y exige el desalojo de la planta.
El 17 de abril el presidente Fox viaja a Uruapan y ahí se entrevista con Julio Villarreal. A los mineros que tratan de entrevistarse con él les dice “levanten el paro y hablamos”.
El 20 de abril se intenta el desalojo.
MI PERSPECTIVA:
El Gobierno del Estado asumió una responsabilidad que no le correspondía al involucrarse en un conflicto de orden federal. Y no sólo eso sino que, de acuerdo con las evidencias que se han hecho públicas hasta ahora, las fuerzas policiales de Michoacán fueron las presuntas responsables de la muerte de los dos mineros, en un operativo a todas luces mal planeado y peor ejecutado, en el que únicamente debieron haber estado como apoyo de la PFP. Con este hecho se dio un golpe de timón a la política de diálogo y concertación que había caracterizado a la actual administración estatal y que a pesar de las críticas de un sector de la población, había mostrado sus beneficios en términos de mantenimiento de la paz social.
A toro pasado resulta obvio que para este operativo faltó trabajo de inteligencia (en la acepción de contar con la información, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra los intereses y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones), planeación, asignación clara de responsabilidades y alcances de las mismas, disciplina de las fuerzas policíacas, planes alternativos de acción, planes de difusión, etc. No se previeron la magnitud que podía alcanzar el conflicto, ni los costos políticos, sociales y económicos, ni las repercusiones mediáticas del mismo, por lo que tomó por sorpresa a los funcionarios estatales encargados de responder a los cuestionamientos de los medios de difusión.
El gobierno federal sustituyó como jefe de las negociaciones en este conflicto al Secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar, (quien conserva su puesto pese a las demandas de destitución que lo han acompañado desde su actuación en Pasta de Conchos) y nombró como responsable de las mismas al Secretario de Gobernación, Carlos Abascal. El vocero presidencial insiste en que la responsabilidad de la violencia es del sindicato minero, en especial de su líder, Napoleón Gómez Urrutia.
Paradójicamente quien salió mejor librado de esta situación fue el edil de Lázaro Cárdenas, Gustavo Torres Camacho, al negarse a apoyar a las fuerzas policiales estatales y federales.
La reaparición de Joaquín López Dóriga al frente del noticiero insignia de Televisa el lunes 24 de abril coincidió con un reforzamiento de los cuestionamientos al gobernador Lázaro Cárdenas Batel y con achacarle la principal responsabilidad de lo ocurrido el jueves 20. No debe olvidarse que, de acuerdo con un reportaje de Jenaro Villamil en la revista Proceso, el actual secretario de Seguridad Pública Federal y ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Eduardo Medina Mora, es socio de Bernardo Gómez en la empresa CreaTV. Gómez lo presumió [en la célebre reunión de diciembre en Valle de Bravo de la plana mayor del consorcio con los candidatos presidenciales] como uno de los futuros vicepresidentes de Televisa.[1]
Por otra parte, las renuncias de Gabriel Mendoza y Jaime Liera (y su aceptación inmediata por el gobernador LCB) parecen hoy apresuradas. Si en un primer momento se consideró que ayudarían a que las investigaciones se realizaran de manera más transparente y expedita, la percepción pública apunta cada vez con mayor fuerza a que, en todo caso, quien también debió haber renunciado es el Procurador Magaña de la Mora, pues fueron sus hombres quienes presumiblemente dispararon sobre los mineros. Existe, además, la versión de que los policías estatales dispararon con balas de goma y de sal sobre los manifestantes.
publicadas por JR a la/s
17:25
1 Comentarios:
Cárdenas Batel, enredado con el cuñado de Felipe Calderón Hildebrando SA. Batel Financió con más de 90 millones de pesos los negocios del cuñado de Felipe Calderón. Además Apoyó, con más de 25 mdp anuales, a la asociación civil Coopera fundada por Beatriz Sahagún Jiménez
QUÉ CALLADITO... El Gobernador de Michoacán engrosa las filas de la empresa del cuñado incómodo.
Luís Guillermo Hernández
El gobierno izquierdista de Lázaro Cárdenas Batel financió, con más de 90 millones de pesos, los negocios fa¬miliares poco claros del cuñado de Felipe Calderón, Diego Hildebrando Zavala, y también a la poderosa fa¬milia de Marta Sahagún. Contratos de adjudicación directa, recursos para el combate a la pobreza y licitaciones sin oponentes han sido concedidos en los últimos tres años a las figuras del panismo por parte del único gobernador perredista que se ha rehusado a apoyar la candidatura presidencial de su propio partido. Tan sólo entre 2004 y 2006, el go¬bierno de Cárdenas Batel entregó a Hildebrando SA de CV una serie de contratos para la captura y digitalización de actas del Registro Civil de Michoacán, con sede en Morelia, por más de 9 millones de pesos, según consta en los contratos públicos de la Secretaría de Gobierno.
En ese mismo lapso, la Secretaría de Planeación y Desarrollo estatal financió, con más de 25 millones de pesos anuales, a la asociación civil “Coopera con Michoacán”, fundada y presidida por Beatriz Sahagún Ji¬ménez, hermana de la primera dama de México, quien incluso reconoció públicamente a Cárdenas Batel como “su amigo, el mejor goberna¬dor de México”.
Además, la comisión legislativa que investiga las empresas de los hermanos Jorge y Manuel Bribiesca Sahagún indaga licitaciones y adju¬dicaciones por más de 30 millones de pesos para construcción de vivien¬das de interés social cofinanciadas con recursos públicos, otorgadas a las empresas Urbica SA de CV y Ser¬vicios Urbica SA de CV, ambas reco¬nocidas públicamente como propie¬dad de los hijos de la señora Sahagún, pese a la negativa del gobierno cardenista a entregar la información respectiva. Según la comisión investigadora, los hermanos Bribiesca habrían reci¬bido, por intermediación del gobierno local, facilidades para la creación de complejos habitacionales en Morelia y dos ciudades más.
Hildebrando michoacano
Un contrato de obra pública de la Se¬cretaría de Gobierno de Michoacán, signado por el director general del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo del estado, José Carrillo García, consigna la entrega de poco más de 6 millones de pesos a la em¬presa Hildebrando SA de CV, para la “digitalización y captura de actas del Registro Civil-Fase 2”.
La licitación CADPE-EM-LPN-OO4/2005, firmada también por el director del Registro Civil, Ignacio Mendoza Jiménez, establece que el plazo programado de entrega es de 22 semanas, al término de los cuales se podrá “revisar una prórroga”.
La Subdirección Técnica Ope¬rativa del Comité señala, además, que “las bases establecen condi¬ciones negociables favorables a los licitantes”.En su página de internet, la empre¬sa de la que es accionista Margarita Zavala ubica el trabajo en el Registro Civil michoacano como uno de sus “proyectos exitosos”.
El propio cuñado del aspirante pre¬sidencial panista públicamente utili¬zó su relación laboral con el gobierno michoacano para tratar de detener la avalancha de cuestionamientos so¬bre el enriquecimiento súbito de su empresa, en apenas tres años, tras la llegada de Calderón al primer círcu¬lo del gobierno federal.
El proyecto de la oficina michoacana, en total, implica la digitalización de más de 2 millones de actas registradas desde la década de los años 40 en esa entidad, y han par¬ticipado otras tres empresas en las distintas etapas. Sólo Hildebrando SA ha consegui¬do contratos superiores a los 3 millo¬nes de pesos.
Cárdenas Batel Perredista cooperador
La vinculación Cárdenas Batel y los distintos integrantes de la tribu panista datan desde la primera mitad de su sexenio, cuando el propio perredista invitó a Beatriz Sahagún, por instancia de la esposa del pre¬sidente Vicente Fox, a colaborar en su gobierno.
Lo hizo a través de un fideicomiso gubernamental que se convirtió en asociación civil, “Coopera con Michoacán”, constituida como órgano principal de la gestión cardenista para el combate a la marginación, la dotación de servicios en zonas de alta marginación y como institu¬ción “de engranaje” del tejido social en la entidad.
De acuerdo con el Informe Oficial del gobierno estatal 2003-2004, la asociación civil había recibido subsidios por 28 millones 661 mil 329 pesos al 25 de marzo de 2004, entregados a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo estatal, encabezada por Octavio Larios.
Esos recursos, entregados para la “conformación de sus redes de apo¬yo, programas de diversificación y fortalecimiento de estructura”, se repartieron entre Gastos de Opera¬ción (12 millones 700 mil) y Gastos de Inversión (10 millones), más otros 6 millones de pesos para “operacio¬nes diversas”.
Siempre al margen de la fiscalización, por ser una asociación civil, “Coopera con Michoacán” recibió casi 40 millones de pesos en 2005, más otros 28 millones en lo que va de este año.
Su sistema de operación, que al¬canza ya todos los municipios de la entidad, consiste en ofrecer pláticas de apoyo a las comunidades “para que sepan elegir el proyecto comu¬nitario que más les beneficie”. ¿Cómo gasta esos recursos la, hasta hace tres años, ama de casa zamorana? Se des¬conoce. Nadie puede fiscalizarla.
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